Si bien la intención de la ley es positiva ya que busca actualizar el catálogo normativo de delitos informáticos, es importante utilizar una adecuada técnica hacerlo.
Por ejemplo, el proyecto aprobado no distingue entre delitos informáticos (donde el bien jurídico afectado es la información) y delitos a través de medios informáticos (es decir, conductas tradicionales, por ejemplo un robo o estafa, donde el ilícito es cometido por medios informáticos) generando una duda relevante.
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